POR JOSÉ OTTAVIS Consejero nacional del PJ por la Juventud Peronista Con el proyecto que plantea la movilidad de las jubilaciones, el Gobierno de Cristina Fernández profundiza su convicción por la inclusión social de los argentinos, en este caso, de los jubilados y pensionados. Una vez más, el Gobierno enviará el proyecto para que lo discuta el Congreso nacional, profundizando así el ejercicio democrático. La movilidad del monto percibido por los trabajadores retirados figura en la Constitución, en su artículo 14. Sin embargo, los gobiernos neoliberales de Carlos Menem y Fernando de la Rúa avasallaron el derecho de los jubilados. Esta nueva medida reparará una deuda histórica (una más) de nuestra democracia luego del aluvión conservador (1976- 2001). El sistema propuesto por el Ejecutivo establecerá dos aumentos anuales, cada seis meses. En resumen, el incremento tendrá en cuenta dos variables: el aumento de los salarios de los trabajadores activos y la suba en la recaudación. El proyecto destaca que, pase lo que pase con las variables contempladas, la movilidad significa la suba de los haberes. De esta manera, se busca el respeto al mandato constitucional (con sus consecuencias positivas sobre el poder adquisitivo de jubilados y pensionados) y el mantenimiento del esquema en el tiempo, considerando así a los futuros jubilados. Ahora se discutirán los aspectos más finos del proyecto, con el objetivo de sumar las sugerencias y objeciones de diferentes espacios políticos. Tanto la Presidenta como el ministro de Trabajo,Carlos Tomada, y el director de Anses, Amado Boudou, dejaron en claro que se buscarán amplios consensos (como ya ocurrió con las retenciones a las patronales agropecuarias y, exitosamente en Diputados, con la estatización de Aerolíneas Argentinas). Sin embargo, algunos sectores opositores (UCR, PRO, Coalición Cívica) mantienen una actitud irresponsable hacia los retirados, intentando obstaculizar el proyecto. En cualquier democracia, las diferencias políticas no deberían ir hasta el punto de afectar los intereses de millones de argentinos. Como en el caso de las retenciones móviles y de la estatización de AA, ahora la oposición vuelve a golpear por izquierda y por derecha proponiendo cambios que no garantizan la sustentabilidad de la movilidad de los haberes. Justamente, los obstáculos provienen de actores políticos que en el pasado hicieron mucho para que la situación de los jubilados fuera inviable con los años. Basta observar a los diputados Gerardo Morales (UCR) y Patricia Bullrich (CC), integrantes del gobierno de la Alianza, uno de los más lesivos contra los intereses de los mayores. Ahora falta que el Congreso se expida sobre el proyecto. Como sea, vale destacar el compromiso del Gobierno nacional (desde 2003) por las mejoras en la calidad de vida de los jubilados. La nómina es larga: aumento del pago mínimo, que pasó de los $ 150 a $620; la inclusión de 1.300.000 de jubilados, que habían sido expulsados en los ’90; la reinstalación de la libre opción, que permitió a muchos regresar al sistema público; la recuperación del Pami, nuevamente al servicios de los pasivos.