El Diputado Provincial José Ottavis manifestó su preocupación ante la suba de alquileres por encima de la inflación prevista para este año, donde los operadores del sector aseguran que las subas serán entre un 25 y 30 por ciento.
En ese sentido, Ottavis aseguró que “mientras el gobierno nacional pone un techo de paritarias del 18 por ciento, y Vidal negocia sueldos con estatales y docentes con ese índice de inflación, vemos que los alquileres aumentan un 30 por ciento y se profundiza una problemática grave para los bonaereneses”.
Asimismo, el Legislador remarcó que desde el año pasado impulsa un proyecto en la Cámara de Diputados para la construcción de un marco normativo en la provincia de Buenos Aires que garantice reglas claras entre propietarios e inquilinos, se establezcan gastos administrativos compartidos, se determinen precios de referencia y democratizar el acceso a la información para la confección de contratos de locación.
“El proyecto que presentamos en la Legislatura busca promover el equilibrio de correlación de fuerzas entre propietarios e inquilinos, y así beneficiar a la clase trabajadora que son quienes destinan más del 50 por ciento de su salario en alquilar. Además esta iniciativa, establece que el inquilino deberá pagar como máximo la mitad de los gastos administrativos”, expresó el Diputado.
Del mismo modo, Ottavis aseguró que “el acceso a la vivienda es un derecho humano y hay que proteger a quienes hoy se encuentran en una relación de debilidad, que son los inquilinos. No pasa por regular el mercado, sino por establecer gastos compartidos, democratizar la información y brindar herramientas para que más de 2 millones de bonaerenses puedan ejercer y hacer valer sus derechos”.
Además, remarcó que el acceso a la vivienda es una de las “grandes problemáticas de nuestro país, alrededor de seis millones de personas son inquilinas en la Argentina. Vincular la problemática del hábitat a los alquileres es fundamental para pensar ciudades más justas y más inclusivas”.
Por último, el Diputado destacó que en el proyecto presentado, además de ofrecer un asesoramiento y crear una oficina de registro de viviendas en alquiler, propone “trabajar conjuntamente con los municipios y comenzar a intervenir desde el Estado en la problemática que en la actualidad sólo es una cuestión entre privados donde el Estado no tiene conocimiento de la situación”.